El jueves pasado estaban en sesión, debatiendo el controvertido armado de la comisión especial para la Reforma Política de la Provincia. Quizás la relevancia del debate hizo que el dato pasara desapercibido. Pero ese día, la actual conformación de la Legislatura cumplió su primer año de gestión.
En ese lapso, los actuales representantes del pueblo duplicaron la productividad parlamentaria (contabilizando sólo los proyectos de ley), en comparación al período similar de sus predecesores.
Entre octubre de 2014 y octubre de 2015, la anterior integración de la Cámara elevó un total de 196 proyectos de ley, según se desprende de los datos difundidos en el sitio web oficial (www.hlt.gov.ar). En el mismo período, pero tomando 2015-2016, los legisladores en funciones elevaron 400 iniciativas.
Artículo 67, inciso 1°
La Carta Magna provincial señala en 30 incisos, en su artículo 67, cuáles son las funciones del Poder Legislativo. El primer apartado expresa que corresponde a los representantes del pueblo “dictar las leyes, resoluciones y declaraciones que sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías consagrados por esta Constitución, la Constitución nacional y los tratados internacionales”.
¿Cómo fue el desempeño de los actuales miembros del cuerpo colegiado? Más allá de haber duplicado a sus antecesores -que en su despedida, lógicamente, atravesaban un año electoral-, en la actual conformación también hubo diferencias, si se compara a los oficialistas y a los opositores.
El bloque Tucumán Crece, afín a la Casa de Gobierno, cuenta con 33 miembros, pero 31 de ellos están en funciones (la asunción del re-reelecto Sergio Mansilla depende de un fallo de la Corte Suprema de Justicia; en tanto que Emiliano Vargas Aignasse está de licencia médica por un tratamiento oncológico, mientras aguarda que la Cámara Federal de Apelaciones defina su situación procesal).
Los 16 opositores, por su parte, están fragmentados en ocho bloques: el UCR (siete miembros); el Peronismo del Bicentenario (cuatro); y los “unibloques” Fuerza Republicana, Arturo Illia, PRO-Cambiemos, PRO-A y Trabajo y Dignidad. Aunque son minoría, los adversarios políticos de la Casa de Gobierno lograron imponerse en cuanto a la cantidad de proyectos de ley aportados en este año.
Según datos de la página oficial de la Legislatura, entre los opositores elevaron (contabilizando sólo al primer firmante) 245 proyectos de ley. Los oficialistas, por su parte, formularon 155 iniciativas.
Al tope del ranking está el radical José María Canelada, con 64 proyectos de ley presentados como primer firmante. En casi la totalidad de los casos fue acompañado por sus “correligionarios” Eudoro Aráoz y Adela Estofán; ocasionalmente se sumó a ellos el experimentado radical Rubén Chebaia.
En segundo lugar, teniendo en cuenta estos parámetros, aparece Claudio Viña (Fuerza Republicana), con 26 proyectos de ley. Completa el “podio” el radical Ariel García, vicepresidente 2° de la Cámara, con 19 propuestas. En su labor parlamentaria también queda reflejada la interna de la UCR, ya que, si bien comparte bloque con Canelada, Aráoz, Estofán y Chebaia, por lo general García contó con la adhesión de sus pares Manuel Fernando Valdez y Raúl Albarracín. Todos los “correligionarios” -incluido Luis González- concretaron proyectos de ley propios.
Por el lado del oficialismo, quien más propuestas formuló fue el peronista Marcelo Caponio (18 como primer firmante), seguido de cerca por Nancy Bulacio, Guillermo Gassenbauer y Silvia Rojkés (todos con 15 iniciativas de sello propio).
Acompañan con su firma
También hubo legisladores que no estamparon su rúbrica como autores principales en este primer año de labor parlamentaria, aunque acompañaron la iniciativa.
Ese listado está compuesto por Zacarías Khoder y José Alberto Leoncio Gutiérrez (seis firmas cada uno), Pablo Agustín Alfaro (siete como firmante), Ángela Aída Jiménez (nueve), María Elena Cortalezzi (15), Daniel Alberto Herrera (18), Joseph Tanios Saleme (23) y Graciela Gutiérrez (27). Más allá de que pudieran haber colaborado con los autores, ninguno de ellos figura en primer lugar.
Los legisladores elevaron además decenas de proyectos de resolución y de declaración, pero no fueron considerados en este ranking.